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lunes 19 abril 2021
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Pronunciamiento a la opinión pública y a los padres de familia de Colegios Católicos privados

Campanas/Iglesia Viva/ La Asociación Boliviana de Educación Católica, en voz de su Presidente P. Luis Adolfo Tórrez sbd, pide al Gobierno trabajar por el bien común de todos los niños y jóvenes del país, rechaza cualquier ley que promueva los descuentos exagerados que perjudiquen a los colegios privados con riesgo de un cierre de la educación privada en general y exige garantías para desarrollar las actividades con normalidad.

PRONUNCIAMIENTO

A LA OPINION PUBLICA Y A LOS PADRES DE FAMILIA

DE COLEGIOS CATÓLICOS PRIVADOS

“Dejad que los niños vengan a mí”   Mt. 19: 13-15

Ante la situación critica de los colegios católicos privados ponemos en conocimiento de la opinión publica lo siguiente:

Hemos sido creados como unidades educativas de servicio a la sociedad. Algunos de nuestros colegios tienen mas de cien años de vida y la mayoría está por encima de los sesenta. La formación en valores humanos y cristianos es una característica de todos nuestros colegios, reconocida hasta ahora por las autoridades, pese a esto:

  1. La Educación Privada, y dentro de ella, la educación privada católica, es víctima de un ataque que pone deliberadamente en riesgo su existencia.
  2. Los colegios privados católicos prestamos servicios a todos los estudiantes, cuyos padres requieren una educación de calidad para sus hijos.
  3. Hemos ofrecido y ofrecemos una educación a bajo costo, puesto que nuestro objetivo ha sido favorecer a todas las familias que acuden a nuestros centros sin discriminaciones.
  4. El número de nuestros estudiantes becados está por encima de lo dispuesto por las autoridades correspondientes. Por lo expuesto, se comprende que favorecemos a las familias, aportamos al Estado y la sociedad ofreciendo servicios educativos de calidad, sin costo alguno para el Estado.
  5. La calidad educativa lograda en nuestros centros educativos se debe al personal docente calificado, a las metodologías adecuadas, a la capacitación docente permanente, a los servicios psicológicos, de orientación escolar y servicio social que ofrecemos.
  6. La R.M. 01/2021 lejos de regular la actividad educativa católica privada, genera descontrol y abuso de autoridad, por lo que no contempla el derecho a la defensa y el debido proceso consagrado en la Constitución Política del Estado y las instancias de impugnación establecidas por Ley de Procedimiento Administrativo. 
  7. La educación privada católica ha fijado el costo de sus pensiones en la última década, por debajo del incremento salarial dispuesto por el Gobierno, lo que afectó considerablemente sus ingresos. En consecuencia, el incremento anual de pensiones, fue mínimo, lo que afectó a las Unidades Educativas Privadas Católicas en su capacidad de inversión, ya que la mayor parte de su presupuesto, hoy en día, se destina a cubrir gastos personales.
  8. Los cálculos que hacen algunas autoridades sobre los ingresos de la educación católica privada, demuestran total desconocimiento de nuestra realidad económica; como instituciones debemos honrar un sin número de obligaciones:
  • Catorce sueldos anuales.
  • Pagar sobre el ingreso del trabajador por seguridad de corto plazo el 10% (CNS). A las AFPs el 6.71 % de los ingresos del trabajador. El pago del IVA del 13 % de su ingreso total.
  • Las becas que por política institucional se establecen y la obligatoriedad dispuesta por el Ministerio de Educación de becas a los mejores estudiantes y al tercer hijo, alcanzando al 5% del presupuesto. 
  • Anualmente hay deudas de padres de familia que nunca pagan, que son los incobrables apoyados por normas y disposiciones legales y por la imposición de entregar la documentación a los padres de familia hayan o no pagado las pensiones atrasadas, por lo cual el porcentaje de incobrables subió de modo alarmante.
  • Finalmente, gastos de operación básicos como servicios generales (luz, agua, energía eléctrica, EMSA, INTERNET), impuestos sobre inmuebles, patente Municipal, papelería y material de escritorio.

Con todas las obligaciones que la educación católica privada realiza, pretender reducir las pensiones con un porcentaje desproporcionado significa decretar el cierre de la educación privada en general.

Encontramos mucho apoyo en una gran mayoría de madres y padres de familia que reconocen nuestra labor. Vemos también que hay pequeños grupos de padres de familia que desconocen nuestra labor e intentan presionar al Estado para conseguir descuentos exagerados que ponen en riesgo la estabilidad de los colegios católicos y de los colegios privados en general.

Nos preguntamos ¿Si al sistema educativo fiscal se le redujera el 25 o el 35% de sus ingresos, podría mantener al total de sus docentes, sin bajar sueldos? ¿Podría sostener sus unidades educativas? ¿Podría mantener a todas sus autoridades nacionales y locales y personal técnico? La respuesta es absolutamente clara: NO. Y sin duda, y con razón, a quien determinase tal extremo se le tildaría de enemigo de la educación.

Si la Constitución Política del Estado “reconoce y respeta” la educación privada (art. 88) ¿por qué entonces se la quiere eliminar? ¿Por qué no se piensa en el derecho de los docentes y administrativos de los colegios particulares como bolivianos y bolivianas que merecen un trato digno? ¿Por qué se pone en serio riesgo sus fuentes laborales? ¿Estos profesionales, no aportan con su trabajo a mejorar los niveles de la educación boliviana? ¿Dónde radica el pecado de sus familias para ver menguados sus ingresos?

En 2020 la educación privada católica sufrió un muy fuerte golpe en su economía y en 2021, en lugar de ayudarla a reponerse, se le carga aún más con las conocidas medidas económicas que la encaminan a su debacle ¿Esto pretenden las autoridades? ¿Esto pretenden los grupos radicalizados de padres de familia que no actúan con racionalidad, sino bajo consigna política? ¿Por qué estas personas, en lugar de dividir y desorientar, no buscan una opción educativa acorde a sus reales posibilidades?

Por tanto,

Pedimos al Gobierno trabajar por el bien común de todos los niños y jóvenes de nuestro País, en el marco de la Constitución Política del Estado

Rechazamos cualquier ley que se genere en el Parlamento que atente contra la Constitución Política del Estado promoviendo descuentos exagerados que perjudiquen la vida de los colegios privados y atenten contra la libre elección que tienen los padres de familia.

Exigimos garantías para desarrollar nuestras actividades con total normalidad.

Solidarios con nuestro pueblo, realizaremos los descuentos y apoyo solidario a nuestras familias en cada una de nuestras U.E. de acuerdo a la realidad de cada colegio.

Cuidaremos la estabilidad laboral de nuestros maestros y de todo el personal que presta servicios en nuestras U.E.

Mantenemos nuestro firme deseo de trabajar por una educación cada día mejor; aportando, para que el sistema educativo boliviano se supere y nuestros niños y jóvenes tengan un futuro más digno.

                                             La Paz, marzo de 2021

 

 

Graciela Arandia de Hidalgo



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