Campanas. Interpelados por los últimos hechos de la coyuntura socio-política en Bolivia, el Departamento de Pastoral de la UCB, Sede Santa Cruz, comparte su reflexión a la luz del Magisterio Social de la Iglesia. En el fondo de todo, percibe que en nuestra realidad hay ausencia de Estado.
LA VERGONZOSA AUSENCIA DE ESTADO EN BOLIVIA
“La verdad les hará libres” (Jn. 8, 32)
En el fondo, la violencia del grupo armado irregular que amedrenta, secuestra y agrede (por no decir tortura) a periodistas y policías en Las Londras, demuestra que en Bolivia no hay Estado. Es decir, una sociedad jurídica y políticamente organizada que se dota de norma y autoridad que deben respetarse, capaz de ejercer derechos al mismo tiempo que cumplir deberes, en el marco del imperio de la ley y en la conciencia clara de la ética de la convivencia social; que sabe reconocer los límites de su libertad y que es consciente que toda conducta antijurídica termina en una sanción penal, como ejercicio del poder legítimo de coacción normativa que tiene el Estado.
En el proceso constituyente en Bolivia (2006-2008) se habló del “Estado fallido” y el “Estado aparente” para interpelar al Estado Republicano que –se dijo- era un acontecimiento de las minorías criollas y mestizas para proteger sus intereses y que no representaba, ni a los pueblos originarios e indígenas ni a todas las regiones del país y que sobrevivía como “nación abigarrada” (frase de René Zabaleta que tanto se repitió), históricamente en permanente conflictividad o confrontación, para configurar, como “solución” el 2009, el Estado Plurinacional plasmado en una Constitución, supuestamente, fruto de un “contrato social” parafraseando a Rousseau o para referirnos a aquella Asamblea Constituyente accidentada, impuesta por mayorías antidemocráticas y sin que haya terminado de forma real e independiente su misión.
Ingenuamente se pretendió que creyéramos que las fallas fundacionales de la República de Bolivia se habían resuelto. Nada más falso. No solo porque sigue habiendo individuos y colectivos organizados que lo logran ser y aprender a vivir como Estado; no solo porque sigue habiendo pueblos indígenas de tierras bajas excluidos (basta ver las marchas indígenas chiquitana y del Beni que siguen más de un mes en vigilia sin atención efectiva del Estado); no solo porque sigue habiendo una sociedad abigarrada en la que una buena parte de ella no se siente representada por el Estado “plurinacional” que precisamente niega el carácter plural de los pueblos y regiones; no solo porque la Constitución y las leyes son burladas o usadas, en su interpretación y aplicación, según la conveniencia del poder hegemónico y no solo porque los problemas estructurales de pobreza, racismo y corrupción persisten, sino porque el corporativismo estatal, crea un poder ilimitado a los afines y serviles del oficialismo de turno, que destruye la posibilidad del Estado, del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
¿De qué otra manera podemos interpretar el trote de campesinos armados que en noviembre del 2019 gritaban “ahora sí, guerra civil” en clara protesta por la renuncia de Evo Morales, sin que tengan sanción penal?, ¿Cómo podemos esperar la misma “saña” de la persecución política contra opositores que pueda caer contra el grupo armado irregular en Las Londras?, ¿Cómo creer en el imperio de la ley si hay territorios de mayoría oficialista donde la fuerza sindical es más imperativa que la fuerza estatal?, ¿Cómo creer en el ejercicio de la autoridad apegada a la ley y al bien común, si muchas autoridades superiores tienen que tener el “aval social” que les genera “deuda política”? , ¿Cómo esperar procesos contra una “Defensora del Pueblo” que se jacta de comandar movilizaciones contra la propiedad de la Iglesia y grupos radicales que dañan el patrimonio cultural y religioso sin responsabilidad de sus actos?, ¿Cómo esperar límites al poder si la administración de justicia no actúa con independencia y probidad? y ¿Cómo esperar un Gobierno de todos y para todos, si mantiene lealtades de representaciones sociales con prebendas y privilegios y que separa, de forma maniquea, a “buenos” y “malos”, cuan supremo divino?.
En estas circunstancias, la impunidad es la coraza de las acciones vandálicas y delincuenciales de afines; la debilidad institucional de los Órganos del Estado termina sumisa al miedo de la reacción tenebrosa del poder político y la capacidad creativa de narrativas que construyen o tuercen la verdad, paraliza la libertad de opinión, de movilización y de acción de hombres y mujeres que piensan diferente, de líderes institucionales que pelean intereses y causas legítimas, de periodistas y medios de comunicación que aplican la primera lección del periodismo: “parte y contraparte”.
La Doctrina Social de la Iglesia enseña que “una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad” (Compendio de la DSI, 407).
En este contexto, la Iglesia en Bolivia, como lo hizo en la historia, no calló, no calla y no callará su voz profética, a pesar de las embestidas del poder político de cada tiempo. En las dictaduras fue mandada a callarse y algunos de sus miembros fueron torturados y asesinados; en tiempos del neoliberalismo fue descalificada y denunciada ante la Nunciatura y en tiempos de “proceso de cambio” es insultada y agredida. ¿Por qué no puede callar? Simple y llanamente porque es consecuencia de su fidelidad a un Dios que liberó a su pueblo del poder egipcio; que proclamó la verdad y la justicia a través de sus profetas y a Jesús que denunció las contradicciones del poder político y religioso de su tiempo, que lo llevó a la sentencia de muerte en cruz; y porque la Iglesia no tiene una agenda oculta, sino la defensa auténtica de los valores fundamentales de la verdad, la paz, la justicia, la libertad y el amor y la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Por eso su misión evangelizadora no puede limitarse a la Predicación de la Palabra desencarnada de la realidad y a la celebración de los sacramentos como quisieran muchos poderosos, sino que debe llegar al compromiso de la defensa de los Derechos Humanos, que encuentran su fundamento en el reconocimiento de la persona humana como imagen y semejanza de Dios.
Ojalá que los líderes políticos capten en mensaje del Papa Francisco: “La política es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común” (EG, 205).
Departamento de Pastoral de la UCB, Sede Santa Cruz
Santa Cruz, 3 de noviembre de 2021
