Campanas/Los CENSOS son una práctica desde la antigüedad, inicialmente de población, orientado, fundamentalmente, a garantizar el pago de tributos. En su desarrollo histórico se fue convirtiendo en CENSOS de población y vivienda, complejizándose después con otras variables que determinan la distribución territorial de recursos públicos y la asignación de escaños de representación política. En el caso boliviano, el primer CENSO fue en 1831 por disposición del Presidente Andrés de Santa Cruz. En casi 200 años, Bolivia tuvo 11 CENSOS.
Estos son algunos datos reflexionados por el Mgr. Teófilo Caballero, economista y docente de la UAGRM, en la primera noche del Seminario Virtual: “CENSO y Desarrollo” que se lleva a cabo este 18 y 19 de mayo. En esta primera sesión, la pregunta fue: ¿Para qué sirvieron los CENSOS? Los CENSOS sirvieron para generar estadística que permitió la definición de políticas públicas fundadas, además de representar una herramienta de planificación, especialmente en los campos sociales y económicos. No solo busca determinar cuántos somos, dónde vivimos y cómo vivimos, sino que tiene un impacto en la economía y en la representación política.
Pero, para que el CENSO y sus resultados sean correctos, la clave está en el proceso pre-censal que debe caracterizarse por transparente, participativo y técnicamente solvente. Lamentablemente estas características no se están dando en el proceso censal actual en Bolivia, siendo una de sus fallas, a decir del expositor y muchos líderes y representantes, que no se realizó la actualización cartográfica, resultando preocupante debido a que apenas faltan seis meses para su realización. Es urgente tener la información necesaria y las condiciones adecuadas para un censo válido y útil.
En el régimen autonómico los CENSOS adquieren una importancia vital, tanto para la planificación del desarrollo integral a nivel subnacional, como para contar con la asignación de recursos públicos suficientes y los ajustes en la representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En esa perspectiva, en enero de este año se constituyó una Comisión Interinstitucional en Santa Cruz, la misma que pidió sea la UAGRM, como entidad académica, la que lidere esta representación interinstitucional, en función del deber ser de las normas y los intereses regionales.
Los participantes insistieron en la necesidad de que se realice, de manera adecuada, la actualización cartográfica y que el Gobierno, especialmente a través del INE, se abra al diálogo transparente con toda representación social e institucional, en virtud del derecho al acceso a la información pública (Art. 21, 6, CPE) y al derecho de petición (Art. 24, CPE), teniendo, todo servidor público, de darla de manera obligatoria y oportuna.
