Campanas. Según noticias del 12 de julio: “En la Fiscalía de La Paz, fue presentada una demanda penal en contra del obispo de San Ignacio de Velasco, Robert Flock, por encubrir la violación a una misionera en 2017”. Se trata de la denuncia en contra de José Mario Paz, sacerdote argentino de la congregación Verbo Encamado, quien servía en la parroquia de San José de Chiquitos. Fue denunciado por “amenaza y violación” ante la fiscalía departamental de Santa Cruz el 15 de abril de 2019 (Caso FELCC -SJ 25/2019).
La noticia se refiere a la denunciante como “misionera”, lo que es falso; porque no tiene acreditación alguna de autoridad eclesiástica de que haya sido agente de pastoral de la Iglesia Católica; cabe aclarar que los fieles no pueden auto – nombrarse “misioneros”, ni de ningún otro oficio pastoral en la Iglesia Católica.
La denunciante vivía de manera irregular en la casa parroquial del conjunto misional de San José de Chiquitos. El denunciado vivía en el convento de su congregación completamente aparte. Consideramos la denuncia una calumnia como parte de su estrategia para permanecer como residente en la casa parroquial. La misma persona había organizado una campaña de difamación contra otro sacerdote con el mismo objetivo el año anterior, falsificando firmas y engañando a autoridades indígenas, campaña que se descubrió en la fiesta patronal, después de investigar el caso. En realidad, ambos sacerdotes gozaban de muy buena fama en San José de Chiquitos. Sin embargo, al tratarse de una denuncia grave, me vi obligado a decretar su suspensión administrativa en plena Semana Santa (Decreto Episcopal 009/2019, 18/04/2019).
La denuncia contra el P. José Mario Paz fue rechazada por la fiscalía de San José de Chiquitos (21/10/2019), rechazo que fue ratificado por la Fiscalía Departamental (23/0 1/2020), por la total falta de pruebas y a pesar de las campañas mediáticas de la denunciante y de su abogado Marvin Astorga.
Para acabar con las graves irregularidades en la casa parroquial de San José de Chiquitos, y a pedido de una resolución de la institucionalidad josesana (Nota 1452508 Ministerio de Justicia, 28/05/20 19) con centenares de firmas de los fieles católicos y de las autoridades locales, la Diócesis de San Ignacio inició un proceso judicial a fines del 2019 para el desalojo de esta “autonombrada misionera” y de otras 5 personas ajenas al clero que residían en el conjunto misional, que si bien , habiéndose logrado una sentencia a favor de la Diócesis (Sentencia 2022/02 confirmada en segunda instancia por el Tribunal Departamental de Justicia: Auto de Vista No. 89/2022 sin apelación), aún no ha sido ejecutoria hasta la fecha.
En ningún momento he encubierto el caso, ni tampoco he intervenido para que el P. José Mario huya del país, como dice la noticia. Más bien el caso ha sido ampliamente difundido en los medios de comunicación y en las redes sociales, como parte de nuevas campañas difamatorias contra mi persona.
Siendo sacerdote religioso, con el permiso de su Congregación, el P. José Mario retomó a su tierra natal después de resol ver su caso en la Justicia Boliviana. Según me ha informado su congregación, posteriormente solicitó la dispensa de sus obligaciones sacerdotales y religiosas, y la misma fue concedida por el Vaticano. Lo considero víctima de una grave calumnia que lo destruyó como sacerdote y religioso. Al mismo tiempo, la actual denuncia contra mi persona, es parte de una permanente campaña difamatoria de esta persona y su abogado, aprovechando la coyuntura de escándalo actual. En todo momento, las instancias correspondientes del Vaticano han sido informadas a través de la Nunciatura Apostólica de Bolivia, y si es necesario, iniciaré acciones legales contra mis detractores y me defenderé de la calumnia e injusticia.
