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jueves 18 enero 2018
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!Último!. Iglesia Católica pide Abrogar el Código Penal e iniciar un debate amplio y transparente con todos los sectores

Compartimos el nuevo comunicado oficial de la Conferencia Episcopal Boliviana “LEYES JUSTAS AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN”, el mismo hace referencia al Código del Sistema Penal: “Pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno” dice parte del comunicado.

Mons. Aurelio Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana hizo lectura del comunicado.

LEYES JUSTAS AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

“No ahorréis esfuerzos para consolidar, con ataduras de paz, la unidad, que es fruto del Espíritu”  Efesios 4,3

La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, ante los conflictos sociales que se están produciendo en el país, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 0084-2017,  los serios problemas del sistema de salud y la promulgación del Código del Sistema Penal, quiere aportar con una serena reflexión al necesario diálogo.

No contribuye a la paz social el hecho que el sistema jurídico del país se vaya construyendo sin tener en cuenta la voluntad popular, con leyes aprobadas prescindiendo del indispensable debate de la sociedad. Las leyes deben ser acatadas por todos, por lo que es imprescindible que sean también debatidas amplia y libremente en la sociedad boliviana y en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El Código del Sistema Penal, en la medida que va siendo conocido, encuentra más rechazo comprensible de toda la sociedad boliviana en diferentes aspectos:

·       El artículo 205, que criminaliza la negligencia y la praxis profesional y ha provocado las medidas de protesta del personal de salud y otros sectores, no es sino uno de los aspectos, aunque no poco importante.

·       El artículo 137 sanciona hasta a los administradores de una empresa que causó una muerte con un medio de transporte y es la causa de la protesta de los transportistas del país.

·       Se criminaliza también  el derecho a la protesta, en los artículos 209, 293 y 294.

·       Deja sin protección la familia, ya que se anulan los delitos de bigamia y el abandono a la mujer embarazada.

·       El artículo 107 despenaliza el microtráfico de droga.

·       Pone en entredicho la libertad de expresión y de pensamiento en los artículos 21 y el 106.

·       Introduce un control inaceptable de las redes sociales, en los artículos 245 y 246.

·       Implementa el delito del reclutamiento con fines religiosos realizado por instancias religiosas, cuya ambigüedad manifiesta atenta claramente contra la libertad religiosa en el artículo 88.I.11

·       Las disposiciones transitorias y finales del Código derogan artículos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la Ley electoral y de la Ley de Medio Ambiente referentes a las ganancias ilícitas, el daño lesivo al Estado,  delitos electorales y ambientales, que si bien quedan recogidas en el Código, lo hacen atenuándolas y crean sospechas de encubrimiento de conductas corruptas.

·       Atenta contra derechos humanos básicos, como el  conocido artículo  157 que plantea la exclusión del delito del aborto en causales tan genéricas, que su punibilidad desaparece y fue aprobado en total desconocimiento de las miles de firmas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las numerosas manifestaciones a favor del derecho a la vida en distintas ciudades del país.

La lista de artículos cuestionables podría ser mucho más larga, pero los ejemplos citados sirven para calificarlo como un código hecho a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo. Atenta contra derechos humanos y ciudadanos  fundamentales, es pretendidamente ambiguo en la formulación con lo que crea inseguridad jurídica y significa un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana.

Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica, por eso pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración  y desestabilización contra el Gobierno.

El año nuevo que acaba de iniciar está en nuestras manos, no lo volvamos un año de conflictos y de luto, seamos operadores de paz sobre los cimientos de la justicia, la libertad y la verdad.

Elevamos oraciones a Santa María, Reina de la Paz para que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo para que nos conceda el don de la reconciliación y la paz entre todos los bolivianos.

La Paz 9 de Enero 2018

Secretaria General

Conferencia Episcopal Boliviana

 

Erwin Bazán Gutiérrez



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